El Gobierno promulga un nuevo Real Decreto sustituye al anterior de 2005 y adapta la normativa española a la directiva europea. Mantiene el principio de la responsabilidad ampliada del productor, de manera que el productor del Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE) tiene la obligación de asumir la financiación de la correcta gestión ambiental de los residuos que generen sus aparatos comercializados.
